Según Jairo Morales Nieto en el documento ESBOZO DE UNA estrategia POSTCONFLICTO (2013) pasar del conflicto a la paz con éxito, exige implementar estrategias que implemente los acuerdos en la realidad. Una paz con bases construida en un estado de derecho en una sociedad democrática moderna donde la libertad, la justicia y la equidad sean principios fundamentales. El proceso implica compromisos jurídicos, políticos, económicos, sociales de todas las partes.
Se debe pensar qué se hace, cómo se hace, dónde se hace y quienes deben participar. La estrategia debe analizar lo que se debe hacer en el postconflicto con reparación de víctimas, ley de regalías, los tratados libre comercio, la ley de restitución de tierras, toda la política económica, social y ambiental fijada en el Plan de Desarrollo.
Colombia tiene oportunidades para mejorar su competitividad a partir de la articulación de sus diferentes niveles institucionales y productivos y un planteamiento sistémico e integral, incluyendo significativamente el fomento de la Pyme, a su vez cuenta con planes Nacionales de Desarrollo que definen las principales estrategias para el mejoramiento de la competitividad el acceso permanente a los mercados internacionales a través de la suscripción de acuerdos de libre comercio (DNP, 2002) y las Consideraciones Macroeconómicas, la Agenda Interna y el Consolidar el crecimiento y mejorar la competitividad del sector agropecuario (DNP, 2006).
Las empresas se ven obligadas adaptasen a un mercado cada vez más cambiante que exige se incursione con estrategias de inversión a la gestión del conocimiento que genere
innovación en tecnología las cuales respondan a las necesidades de los clientes
a nivel global y así se tenga un reconocimiento internacional, en donde los productos y servicios estén calificados como bienes altamente competitivos por su calidad, se deben generar cambios con una reforma en la política y de la justicia que propenda por mejorar las
relaciones comerciales, el estado tendrá que trabajar en ampliar las garantías a
los empresarios En Colombia como en el resto de países la realización de una actividad económica da lugar al cumplimiento de unos trámites concretos, de los cuales surgen unas obligaciones a los que los empresarios tienen que hacer frente, Colombia es el cuarto país con mayor carga tributaria del mundo, de acuerdo con el informe de Competitividad Global elaborado por el Foro Económico Mundial.
La etapa del pos conflicto se destaca porque se llegan acuerdos que benefician las dos partes y se prioriza en construir todo lo perdido, la superación del conflicto armado involucra a toda una sociedad la cual se convierte en una tarea colectiva que requiere del compromiso y esfuerzo de todos los individuos que hacen parte de un país y que deben contribuir a. La construcción de paz es una apuesta a largo plazo, que implica transformaciones culturales, sociales, políticas y económicas significativas, capaces de ampliar efectivamente la ciudadanía y el goce de derechos, y al mismo tiempo de eliminar el uso de la violencia del repertorio de alternativas para tramitar diferencias, alcanzar metas o realizar transacciones.
Estrategias de acuerdo Consejo Privado de Competitividad y el Gobierno, analizado a nivel competitivo:
1. Formalización del empleo: reducir las obligaciones tributarias, laborales y contables a las Pymes. La informalidad puede crecer en el postconflicto, se debe capacitar al personal para que sea productivo.
2. Educación: mejorar cobertura de educación preescolar con la etapa de postconflicto.
3. Infraestructura y Transporte; hay mucha debilidad en este aspecto, no son eficaces los procesos aduaneros, se debe fortalecer este sector, para atraer inversión extranjera.
4. Sistema tributario; los impuestos y sistemas tarifarios son altos y los trámites engorrosos.
5. Justicia; No está organizada para ser competitiva.
6. Imagen del país: La corrupción es muy alta, el proceso de paz ayuda a cambiar la imagen.
7. Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): Disminuir la brecha, dando acceso a más población, disminuir costos.
8. Tecnología e innovación: importante en el postconflicto, se debe formar mano de obra calificada para ser competitivos.
De acuerdo a lo afirmado por el alto comisionado para la Paz Sergio Jaramillo: Una fórmula relativamente sencilla resultaría de explorar el marco general de la Ley 1508 de 2012 sobre el diseño y gestión de las asociaciones público-privadas (APP).
Esta Ley crea las condiciones para que el capital privado participe en la ejecución de proyectos de orden territorial y en programas de política social. No solo – como viene sucediendo - en lo tocante a infraestructura de transporte, sino también, ¿por qué no?, en construcción y mantenimiento de colegios, centros de recreación, hospitales, cárceles y otras instalaciones.
Las APP permiten proveer y mantener la infraestructura pública para ofrecer servicios adecuados a los ciudadanos. Todo un universo de posibilidades dentro del Estado y para los gobiernos, atendiendo a un principio mínimo de gestión territorial que es el de hacer bien la tarea, cumplir lo que se promete y garantizar servicios públicos con eficiencia y eficacia. Es lo que ordenan la Constitución y las leyes de Colombia.
Los programas y proyectos de orden territorial, que los gobiernos locales integran cada cuatro años dentro de un “plan de desarrollo”, son el espacio perfecto para que las empresas, por medio de las APP, encuentren un agregado de valor a su visión estratégica, y puedan contribuir a la debida atención de las necesidades públicas en los lugares donde operan.
Para eso haría falta que las empresas trabajen de la mano con las autoridades locales, compartiendo la visión del desarrollo local y regional, y aprovechando la experiencia y las instituciones construidas a partir de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).
La estrategia anterior además aliviaría, por lo menos, dos grandes limitantes de nuestra administración pública:
· su probada incapacidad para gestionar y ejecutar recursos y proyectos de manera eficiente, y
· paliar, aliviar, o ayudar a resolver las serias restricciones presupuestales que padecen las entidades territoriales, debidas en gran parte a lo primero (Jaramillo, 2016)